Las sanciones incluyen la restricción de visas a 14 funcionarios, entre ellos al presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

Además, incauta los bienes que posean en los países del bloque y prohíbe a compañías europeas otorgar fondos o créditos a empresas nicaragüenses.

Este paquete de sanciones se adoptó en octubre de 2019 e incluía originalmente a seis personas, pero en agosto de este año se añadieron otros altos funcionarios.

En junio, la UE pidió a las autoridades de Nicaragua que pongan fin a la persecusión de opositores e inicien un diálogo político para resolver la crisis política, económica y social en el país.

Sin embargo, el Gobierno ha aumentado la represión, dejó en la ilegalidad a partidos opositores y organizaciones de la sociedad civil y arrestó a dirigentes de la oposición y representantes de la academia, la prensa y la sociedad civil", señaló.

Con ello, dijo, el Gobierno conducido por el presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo ha eliminado la posibilidad de cualquier competición electoral seria en las elecciones previstas para el 7 de noviembre.

Entre los sancionados por la UE se encuentran el consejero económico de Ortega, Bayardo Arce Castaño; el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Eduardo Porras Cortés; la presidenta de la Corte Suprema, Alba Luz Ramos Vanegas; la fiscal general Ana Julia Guido Ochoa y dos responsables de la policía.

También se encuentra el hijo de Daniel Ortega, Juan Carlos, jefe del movimiento sandinista 4 de mayo y quien dirige Canal 8, una de las principales cadenas de televisión del país.