Tlaxcala, Tlax.- A fin de dar cabal cumplimiento a las instrucciones del Gobierno del Estado de abatir la impunidad, la Policía Ministerial adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) aprehendió a José Rigoberto Palma Cabrera y/o Rigoberto Palma Cabrera, quien en 2013 robó un expediente del Juzgado Segundo Civil donde lo señalaron como probable responsable.

El proceso 137/2014 del Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer emanó de la Averiguación Previa radicada e integrada debidamente por el Agente del Ministerio Público, toda vez que Palma Cabrera fue denunciado por el delito de robo calificado.

Los hechos ocurrieron en enero de 2013, cuando el inculpado acudió al Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, donde se dirigió al área de Oficialía de Partes y solicitó un expediente ejecutivo mercantil marcado con el número 1231/2008, a fin de conocer el estatus del mismo.

No obstante, el sujeto corroboró que en el documentó, se encontraba señalado su nombre como probable responsable, por ello aprovechó la distracción del personal del área y huyó con el expediente, acto seguido, empleados corrieron tras al sospechoso; sin embargo, no lograron darle alcance.

Por lo anterior, la dependencia interpuso la denuncia correspondiente; de esta manera, el Representante Legal acreditó la responsabilidad de José Rigoberto Palma Cabrera y/o Rigoberto Palma Cabrera, de 72 años de edad, por el delito de robo calificado.

Por ello, el Juez de la causa obsequió la orden de aprehensión y los agentes ministeriales se abocaron a la localización del sujeto, que fue ubicado y aprehendido en la colonia El Sabinal, municipio de Tlaxcala, a las 13:10 horas del 3 de octubre; asimismo, fue recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) para que desde ahí enfrente su proceso penal.

Estas acciones de revisión se sustentan en las líneas de acción previstas en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, que establece que, para sustentar el desarrollo del Estado, es preciso dar prioridad a la vigencia plena del Estado de Derecho, como condición necesaria para garantizar la seguridad de las personas y alcanzar una convivencia pacífica y estable de la sociedad. (Boletín)