El Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción lo integran los titulares del Instituto Nacional de Acceso a la Información, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Auditoria Superior de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal, la Secretaría de la Función Pública, el Comité de Participación Ciudadana y la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, la cual no tiene titular.
Jurídicamente el sistema se sustenta en siete leyes y reformas, entre ellas, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR).
Tiene como fin prevenir actos de corrupción de funcionarios públicos y particulares, que podrán ser sancionados por faltas administrativas y hechos de corrupción.
Según el transitorio primero del decreto que reforma el Código Penal Federal, la legislación penal anticorrupción sólo será vigente cuando haya un fiscal anticorrupción, tema que fue motivo de discrepancias y desacuerdos entre las principales bancadas en la Cámara de Senadores.
A lo largo de más de un año y a pesar de que se dio vista a 23 aspirantes para ocupar el cargo de fiscal anticorrupción, los desacuerdos en el Senado evitaron su nombramiento.