En su informe de resultados 2023 “Esperanza de un nuevo hogar” ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, retoma datos de su reciente Monitoreo de Protección, en el que más de la mitad de las personas en movilidad señaló la violencia, la inseguridad y las amenazas como causas principales por las que abandonó su país de origen y 66 por ciento refirió que su vida, seguridad o libertad correría peligro si fuera devuelto a su país.
El representante de la ACNUR, Giovanni Lepri, destacó que “México ha recibido más de 140 mil solicitudes de asilo al tiempo de reconocer que se han presentado obstáculos para la expedición de documentos a extranjeros que han llegado por distintos motivos al país”.
Lepri insistió en que “toda política pública para atender a los migrantes debe tener en el centro el respeto a los derechos humanos, así como la posibilidad de brindar atención a los extranjeros”.
El informe “Esperanza de un nuevo hogar” da cuenta de que, con el apoyo de ACNUR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) pudo hacer frente al aumento en las solicitudes de asilo, completar su transformación digital, cambiar el sistema de manejo de casos y cuadruplicar su capacidad de atención desde 2018, incrementando la tasa de reconocimiento de la condición de refugiado de 65 por ciento en 2022 a 69 por ciento en 2023.
Pese a estos avances, el reporte detalla que continúan los retos para consolidar la estructura y capacidad operativa de la COMAR y asegurar el presupuesto suficiente para dar servicio a las personas con necesidades de protección internacional.
Asimismo, indica que, desde finales de 2023, las personas solicitantes de asilo han enfrentado algunos obstáculos para acceder a documentación, lo que deriva en limitaciones de acceso a servicios esenciales y en un aumento en los riesgos de protección como fraude y extorsión.
En 2023, personas de más de 100 nacionalidades solicitaron asilo en el país. Haití fue el país con mayor representación con 31 por ciento; seguido de Honduras, con 30 por ciento; Cuba, con 13 por ciento; y Guatemala, El Salvador y Venezuela con 4 por ciento, respectivamente.