En ambas leyes que entrarán en vigor a partir del 1 de enero del próximo año, la LXIII Legislatura no autorizó ningún incremento desproporcionado e injustificado, así como tampoco la creación de nuevas contribuciones.
Con la aprobación de ambos decretos, el Congreso del Estado da certeza jurídico-financiero y, establece los objetivos socioeconómicos orientados a alcanzar un desarrollo equitativo y sustentable apegándose a los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, proporcionalidad de los ciudadanos. (Boletín)