juez mazo 600 afp 1NTN24.- El presidente suspendido de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, volvió a negar este jueves que tenga cuentas bancarias ocultas en el exterior y reiteró que sólo ha hecho inversiones en fondos de fideicomiso.

Cunha, polémico parlamentario que dio inicio al trámite que llevó a la suspensión por 180 días de la presidenta Dilma Rousseff para responder a un juicio con miras a su posible destitución, compareció ante el Consejo de Ética de la Cámara Baja, que el año pasado inició un proceso que le puede costar el escaño.

Ese proceso se apoya en declaraciones que dio ante una comisión parlamentaria, en la que negó poseer unas cuentas en el exterior en las que habría ocultado dinero procedente de las corruptelas en la estatal Petrobras, en las que también asegura que no participó.

Cunha insistió en que el dinero que posee en el exterior está administrado por un fondo de fideicomiso, sobre el cual no tiene control alguno, pues es gestionado por sus responsables legales.

También reiteró que ese dinero, que no cifró, lo obtuvo hace más de tres décadas y fue producto de sus anteriores actividades de comercio exterior, que se centraban sobre todo en la exportación de carnes.

Cunha, quien responde a acusaciones de corrupción asociada al escándalo de Petrobras ante la Corte Suprema, tuvo su mandato de diputado suspendido por ese tribunal el pasado 5 de mayo.

Según la corte, Cunha se valió de su cargo y de su escaño para obstruir la acción de la justicia y hacer negocios con empresarios que le pagaban para que interfiriera por la aprobación de medidas en el Parlamento.

Rousseff ha afirmado que el juicio político iniciado en su contra tuvo inicio en una "venganza" de Cunha, quien habría aceptado dar curso al proceso después de que el Partido de los Trabajadores (PT) le negó apoyo en el proceso que enfrenta en el Consejo de Ética de la Cámara Baja.

La presidenta ha sido suspendida de sus funciones y su cargo ha sido ocupado por su anterior vicepresidente, Michel Temer, quien gobernará durante los 180 días que puede durar el juicio político y completará el mandato que vence el 1 de enero de 2019 en caso de que se llegue a su destitución.