Esta semana, el estatal Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) reveló que la economía se desplomó en junio un 6.7 por ciento en comparación con el mismo mes del año pasado.

De continuar esta tendencia, Argentina no podrá cumplir con la meta de cerrar 2018 con un crecimiento del 0.4 por ciento que le prometió al Fondo Monetario Internacional (FMI) como parte del acuerdo que firmó para que el organismo le prestara 50 mil millones de dólares.

Analistas locales ya advirtieron que la caída de la economía en junio, que es la mayor en casi 10 años, puede provocar que el año termine con una recesión de entre el 1.0 y el 2.0 por ciento.

A los datos alarmantes de la frágil economía argentina se suma la devaluación del 60 por ciento acumulada en los primeros siete meses del año, una inflación del 30 por ciento y un endeudamiento récord.

El Indec también reveló esta semana que entre enero y julio hubo una fuga de 20 mil millones de dólares, lo que demuestra la añeja desconfianza hacia la estabilidad económica del país.

Los incrementos de más del mil por ciento en las tarifas de agua, electricidad y gas acumulados desde que el presidente Mauricio Macri comenzó su gobierno en diciembre de 2015 también han impactado en el bolsillo de los argentinos.

En ese escenario, cada vez son más frecuentes las protestas de múltiples organizaciones que exigen con marchas y cierres de calles el aumento de programas de asistencia social a los sectores más vulnerables.

La víspera, por ejemplo, organizaciones sociales y gremiales realizaron una jornada nacional de lucha que incluyó el bloqueo de más de 50 autopistas y avenidas en todo el país.

El próximo martes, los docentes de las escuelas de educación básica de la provincia de Buenos Aires comenzarán una huelga de tres días en reclamo de incrementos salariales.

La misma demanda realizarán el próximo jueves, con una marcha en Buenos Aires, los docentes de las 57 universidades nacionales que están en paro desde hace tres semanas porque les ofrecen aumentos de sólo 15 por ciento a pesar de que la inflación es del 30 por ciento.

Por otra parte, los 240 directores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) ya denunciaron la emergencia que padece esta institución ante el desfinanciamiento aplicado por el gobierno.

En una carta enviada al Congreso, los científicos explicaron que el Conicet está al borde de la parálisis por la falta de presupuesto, además de que los investigadores tienen los salarios más bajos de la región.

También denunciaron que se dejaron de pagar colaboraciones internacionales, están detenidas la modernización de equipos y la ejecución de obras y los salarios de casi 10 mil investigadores ya perdieron el 50 por ciento de su poder de compra.